Demandar a EE.UU., por los proyectos financiados por la USAID, sería un crimen y también más: un error, Preferimos ser conocidos por la ayuda de México.
Ciro Pedro A de Posse Y León. Vocero del JEdE. Reino Espiritual de Yave.
La Habana, 29 de abril de 2016.
Lázaro I Maximiliano (Andrés Amian Gómez) Jefe Espiritual de Estados, declara
que no demandará al Gobierno de EE.UU. por la financiación desde 1991 de
proyectos para la transición a la democracia en Cuba, y que el Gobierno cubano
tampoco tiene derecho a hacerlo, en respuesta al seriado de artículos “La
Segunda Victoria de Girón” publicado por Granma desde hace cuatro días, “puesto
que tendríamos que demandar a los hermanos Castro por los daños y prejuicios
que trajo al pueblo cubano el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al
Rescate y tampoco lo vamos a hacer.”
“Agradezco al Consejo de Estado y al
Comité Central del Partido Comunista de Cuba el significativo y pertinente análisis
de estos hechos históricos, debido a que ciertamente la Resolución 10/2016
dispuso el cierre del Departamento de Prensa y Cultura de la Embajada de EE.UU.
siguiendo la decisión de Fidel Castro del 9 de enero de 1959 sobre el cierre de
la misión militar de EE.UU., en Cuba, pero mi decisión es continuar apostando a
la buena voluntad y no tratar de exigir presuntos derechos que, al no estar
respaldados por una fuerza suficiente, solo acarrearían sufrimientos para el
pueblo en cuyo sacrificio debería basarse la tal exigencia.” Señaló Gómez, reconocido
en 2014 como Juez Lego Garante de los Derechos Humanos en Cuba tanto ambos
Gobiernos y Comandante en Jefe de la Revolución Parlamentaria Cristiana según
el Decreto 3/2016 presentado ante el Estado el 15 de marzo.
En el segundo artículo, se argumenta
que el envío de una delegación de 10 prisioneros de guerra a EE.UU., tenía
–entre otros- el objetivo de romper el ‘silencio’ mediático y la
‘tergiversación’ de las declaraciones y actitudes del Gobierno Revolucionario
entonces. Existiría una analogía debido al desconocimiento de Gómez en los
medios informativos de EE.UU. y la existencia de un gran conjunto de disidentes
que siguieron las instrucciones del Departamento de Prensa y Cultura, para
tratar de provocar un incidente que de una manera u otra derrocara el Gobierno
de los hermanos Castro, y ellos se quejas de que se les ha negado la salida a
los EE.UU. como refugiados políticos.
“Sí tenemos una gran preocupación
por los disidentes que se sienten desesperados y sin lugar en Cuba. No
quisiéramos que se fueran, sino que se incorporaran a la ciudadanía del Reino
Espiritual de Yave, pero en el caso de aquellos que consideran que no tienen
opción en Cuba, nuestra intención es ayudarles a lograr su salida del país,
queremos que EE.UU., asuman responsabilidad respecto a ellos, debido a que
ellos siguieron las orientaciones del Gobierno de los EE.UU., pero no exigiendo
recurso material alguno a cambio, ni a colación; ni tampoco exigiendo la
liberación de presos políticos en EE.UU., no correlacionados.” Explicó el JEdE.
Consideramos que las acciones de
EE.UU. –el financiamiento de iniciativas para la democracia en Cuba- desde 1991
hasta 2014 procedieron a derecho, o sea, era derecho de EE.UU. hacerlo, y por
lo tanto EE.UU. no tiene que inmunizar a nadie por los daños que pudieron haber
ocasionado los proyectos así financiados.
El problema es que en 1991 con la
caída de la URSS acabó de desaparecer el Sistema Socialista Mundial, y por lo
tanto el Estado unipartidista como arquetipo de derecho internacional al que
los Gobiernos podían acudir dejó de existir, porque el derecho es la
regularización de la fuerza y al dejar de existir el Pacto de Varsovia y la
URSS como potencia militar, económica de la que dimanaba una forma particular
del derecho político, esta forma particular dejó de existir como opción en el derecho
internacional.
Por lo tanto, los emigrados cubanos,
al menos los salidos del país después de 1991, al ser portadores de su
ciudadanía cubana, eran portadores de sus derechos políticos. La Constitución
de la República de Cuba establece que la soberanía radica en el pueblo, no en
la tierra.
Por lo tanto si el pueblo emigra, el
derecho también emigra, si el Gobierno del Estado cubano declaraba la pérdida
de derecho de los emigrantes, no hacía más que declarar su desentendimiento
respecto a ese derecho, no tenía facultades jurídicas en derecho internacional
para despojar a los migrantes de derecho.
Así al haber sido acogidos como
refugiados, asilados o al menos simplemente inmigrantes en EE.UU.; y al haberse
insertado en la sociedad norteamericana como contribuyentes, el Gobierno de ese
país tenía el derecho, e inclusive el deber de actuar en representación y
defensa de las aspiraciones económicas, sociales y políticas de esas personas,
de la comunidad cubana en Miami y el resto de EE.UU.
En realidad las administraciones de
EE.UU. desde 1991 para acá pudieron haber actuado de manera violenta, como lo
hicieron las administraciones de la década del 60, o como ellos mismos hicieron
en otros países. De manera que más bien hay que agradecerles que esa acción, y
los proyectos que financiaron hayan sido encaminados a una transición pacífica,
y no a una transición violenta, para lo cual seguramente no faltaron propuestas
que no fueron financiadas durante este periodo.
Por otra parte, los grandes
progresos que ha habido en Cuba en materia de libertades civiles, de prensa y
acceso a Internet, los derechos ciudadanos tales como tener un celular, vender
su propia casa o carro, poder viajar fuera del país, usar la Internet para
comunicarse con su familia o amigos en el exterior, viajar fuera del país sin
tener que pedir un permiso al Estado a través del Centro de Trabajo, aunque ya
no esté trabajando durante años, alojarse en un hotel, pagando la renta al gual
que un extranjero sin necesitar una designación políticamente manipulada por
parte del Estado, contratar legalmente una línea de teléfono móvil, ejercer
legalmente un trabajo privado y emplear legalmente a otras personas, todas
estas cosas aunque parezcan los derechos más naturales y elementales de los
seres humanos a los cubanos les estaban prohibidas y hoy les son permitidas, en
gran medida gracias a la presión de los proyectos no violentos de presión
política por parte de la sociedad civil financiados por la Agencia de EE.UU.
para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en Inglés).
Sin embargo, el presidente de EE.UU.,
no puede quitar el Embargo a Cuba, ¿por qué? Gracias a que los hermanos Castro
en 1996, decidieron responder a una provocación de civiles que lanzaban
proclamas contra la dictadura con la aviación militar como de hecho nunca
respondieron cuando verdaderamente aviones militares de EE.UU. reconocían el
territorio cubano.
Las víctimas del 96 son mártires de
la libertad que los cubanos disfrutamos hoy. Gloria eterna merece sus nombres.
Pretender demandar a EE.UU. para que
el pueblo sepa lo que hemos hecho, sería más que un crimen, un error como diría
el Francés José Fouché respecto de la decisión de Napoleón Bonaparte de fusilar
a un nombre que conspiraba contra él.
Si demandáramos a algún funcionario
en particular ante jueces federales del Distrito Sur de la Florida, esto no
sería en ninguna manera una acción contra el Gobierno de EE.UU.
A su vez, pensamos aceptar
propuestas de buena voluntad hechas por ciudadanos mexicanos para ayudar a que
nuestra Institución sea conocida.
El JEdE no se cuestiona el derecho
del Gobierno Revolucionario a hacer o no aquella demanda en aquel momento, pero
considera que en este momento el derecho análogo no existe.
Granma ha publicado hasta hoy cuatro
artículos en los que detalla la exigencia a EE.UU. por parte del Gobierno Revolucionario
de una indemnización (consistente en 500 buldócer valorados en 28 millones de
dólares) por daños materiales causados por la expedición a Bahía de Cochinos de
la brigada 2506, entre el 17 y el 19 de abril de 1961. La demanda se basó en
las declaraciones del presidente de EE.UU. de que asumía totalmente la
responsabilidad de la preparación y ejecución del ataque.
Gómez no demandará al Gobierno de
EE.UU., por el contrario le agradece el apoyo a la transición pacífica en Cuba.
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